Que cada día la pandemia pone en peligro los derechos y libertades individuales de los españoles, incluso la propia democracia, es algo que estamos sufriendo durante estos meses en nuestras carnes.
Pero no sólo los españoles, también el Parlamento Europeo ha detectado que algo está fallando en nuestro país, y deja claro que con la excusa de luchar contra el COVID-19 no se pueden poner en riesgo los valores europeos y el proceso democrático.
Así lo ha dejado claro en una reciente resolución, la 2020/2790, publicada 13 de noviembre, donde se enumeran una serie de peticiones para que las medidas que limitan derechos sean ante todo proporcionadas y temporales que, aunque dirigidas al resto de los estados miembros, parece un retrato de la gestión política de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en estos meses.
El Parlamento Europeo tiene claro, por 496 votos a favor, 138 en contra y 49 abstenciones, que los poderes extraordinarios de los que están haciendo uso los gobiernos deben aplicarse sólo si son necesarios, proporcionales, temporales y sujetos al control democrático, o sea, tribunales de justicia y parlamentos.
Todo lo contrario se hace en España, que está hoy bajo un estado de alarma de nada más y nada menos que seis meses, en el que con el pacto con extrema izquierda y separatistas se permite a Pedro Sánchez estar periodos de dos meses sin ir al Parlamento a dar explicaciones a los españoles.
También el Parlamento Europeo advierte que la prohibición de manifestaciones no debe utilizarse para adoptar medidas controvertidas, una advertencia europea que encaja perfectamente con lo ocurrido con la tramitación y aprobación parlamentaria de la nueva ley de educación, llamada ley Celaá, que aunque contando con el apoyo parlamentario para su aprobación su alta contestación en la calle por padres y profesores se ha neutralizado con las normas sobre manifestaciones públicas vigentes.
Con esta resolución el Parlamento Europeo ha dado un toque más de atención a PSOE-PODEMOS, advirtiendo del evidente riesgo de abuso de poder de gobiernos, como el de España, en el contexto de la pandemia, llegando a pedir a la Comisión que si es necesario tome medidas para evitarlo.
Así por aplastante mayoría, el Parlamento Europeo pide poner fin al estado de emergencia o, como mínimo, delimitar el alcance de la delegación de poderes al ejecutivo y garantizar el control parlamentario y judicial efectivo; restringir la libertad de reunión sólo si es estrictamente necesario, y no utilizar la prohibición de las manifestaciones para adoptar medidas controvertidas; evitar aprobar medidas con serio impacto en los derechos fundamentales; garantizar el derecho a elecciones libres y justas, sobre todo en lo referido a cambios en la legislación electoral; asegurar la igualdad de trato y el derecho a hacer campaña de todos los candidatos y considerar la posibilidad de recurrir a métodos de votación a distancia; máxima moderación a la hora de restringir la libertad de movimiento, sobre todo en relación al respeto del derecho a la vida familiar; garantizar el derecho a la educación, no abusar de los poderes de emergencia para sacar adelante leyes no relacionadas con la emergencia sanitaria, etc.
Sin citar a España, pero en clara alusión por la semejanza de los hechos denunciados y la realidad política de nuestro país, el comisario de Justicia Didier Reynders, mostró su preocupación respecto a los derechos de los ciudadanos en varios Estados miembros donde se han aplicado medidas de emergencia, exigiendo el respeto a los valores europeos, también durante el estado de emergencia, y la defensa de los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Como era de esperar el presidente del Gobierno español ha hecho oídos sordos a esta resolución, incluso los diputados socialistas la votaron a favor, y seguirá negando que los poderes extraordinarios que ha conseguido con el estado de alarma sean un riesgo para que el ejecutivo abuse de dicho poder, como denuncia el Parlamento Europeo, y mucho menos no cumplir con las tres condiciones generales que pide Europa a la hora de establecer alguna medida de excepcionalidad, como son la necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y temporalidad, muy especialmente cuando afecten directamente al Estado de derecho y a los derechos fundamentales.
Sin aludir a Pedro Sánchez y a su gestión política durante la pandemia, Europa le recuerda que lo importante para que los principios democráticos sigan vigentes en situaciones de excepcionalidad es contar con una supervisión parlamentaria y judicial apropiada, así como controles equivalentes orientados a limitar el riesgo de que no sean usadas como pretexto para cambiar el equilibrio de poderes, adquirir nuevas competencias que suelen estar reservadas para el poder legislativo y las autoridades locales, al tiempo que se imponen restricciones al papel de los parlamentos, el poder judicial, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como a las actividades y la participación de los ciudadanos.
Francisco Márquez